Franco, su primo y los “privilegios” de los mineros de Villablino.

 Condiciones de trabajo en la minería de Laciana y El Bierzo a comienzos de los 60 (II)

Los mineros fueron la vanguardia de la clase obrera española. Una clase trabajadora que, a su vez, fue el mayor baluarte de lucha contra el franquismo.  Como ya hemos explicado, comienza a despertar tras las grandes huelgas de la primavera antifranquista de 1962. Sus condiciones de trabajo, el malestar latente, unidas a una tradición de lucha y la chispa asturiana, hizo estallar las huelgas en Laciana y El Bierzo.

Durante estas huelgas Franco, en conversación privada con su primo, el Teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo sostiene que los mineros protestan por la subida salarial en el sector siderúrgico y según el dictador “se consideran con mayores derechos que los metalúrgicos”. Lamenta que se “siembre el descontento y la rebeldía, diciéndoles que son explotados y que se les dan salarios de hambre, que le consta que eso no es cierto”.

Franco culpabilizaba a agentes externos de la huelga y proponía medidas represivas. Justifica el Estado de excepción, porque de “otra [forma] no se podía combatir a los que se aprovechan de los obreros españoles con fines políticos. Ello también demuestra que el régimen que yo presido no es una dictadura y que representamos los derechos de los españoles.” Se arroga la capacidad de representar a la nación y niega su dictadura con un paternalismo que se mueve entre lo cómico y lo trágico. Por ello “nada de lo que ocurra en una mina debe escapara de la vigilancia de la policía”.

En esta primera movilización germinaría una nueva forma de organización que ya se venía dando en la antracita berciana, las comisiones de obreros. En este caso, la Comisión Obrera de Laciana se convierte en estable, consigue elegir a 12 miembros que participan del Jurado de Empresa hasta las elecciones de 1963. En enero de 1963 elaboran una tabla reivindicativa que será discutida por representantes del Sindicato Vertical que se desplazan al efecto a Villablino.

La organización creciente de los mineros lacianiegos los llevará al copo del sindicato vertical en las elecciones sindicales de 1963. Hasta ahora los trabajadores habían vivido estos comicios entre la abstención y el boicot, sin embargo a partir de ahora tratan de minar al sistema desde dentro. Tras este proceso, la comisión obrera sigue funcionando, ahora coordinándose entre quienes tenían una responsabilidad en el sindicato vertical, con quienes no la tenían y con la dirección comarcal del PCE.

La politización creciente es visible en las cuencas mineras. El Delegado Provincial de Sindicatos consideraba que “más que problemas económicos y sociales, existe un grave problema político (…) una fortísima acción democristiana”. El malestar obrero se había expresado en conatos de protesta durante el invierno y la primavera de 1963. Paros en los grupos Carrasconte, Paulina u Orallo de MSP frente a los nuevos sistemas de cronometración o huelgas de celo en Combustibles y Antracitas de Fabero exigiendo aumentos salariales.

El 5 de julio comienza una nueva huelga en Mieres que se hace general en la minería asturiana y el 19 de agosto alcanza a Laciana. Ese lunes para Carrasconte, Paulina y Lumajo. Tras unos días de vaivenes por las maniobras del sindicato vertical, que casi le cuestan el destierro a Benjamín Rubio, la huelga se generaliza en Laciana, extendiéndose la cuenca minera berciana a comienzos de septiembre.

El 4 de septiembre, en Coruña, Franco expresaba: “Los mineros ganan lo suficiente para atender sus necesidades, y no carecen de nada debido a lo que se acordó a raíz de la anterior huelga”. Reconociendo implícitamente que la huelga de 1962 sirvió para conseguir mejorar las condiciones de los trabajadores, frente a la propaganda oficial, que afirmaba que el régimen iba a decretar previamente esos aumentos salariales.

Continuaba argumentando que “ahora piden aumentos de sueldo base, puntos, pluses de productividad, hospitales, escuelas, casas, etc., etc.” Los trabajadores luchan por mejorar unas condiciones de vida extremadamente precarias. El dictador llega a acusar de vagos a los mineros que no emigran. “Lo malo es que se van al extranjero bastantes muy buenos, y se quedan aquí muchos que por tener asegurado el sueldo no se esfuerzan en su trabajo”

Araujo le comenta que posee documentos, que contradicen las opiniones del dictador:

“hay minas en Villablino donde no hay escuelas para los hijos de los mineros, ni se dan medios para ir a la mina. No existen hospitales de urgencia y se da el caso de que si un minero cae herido por accidente de trabajo o se pone repentinamente enfermo, hay que trasladarlo en un mulo, recorriendo grandes distancias y con un gran frío en los meses invernales.”

Cuestiones como la falta de servicios educativos y sanitarios, reconocía, estaban en la base del descontento de los mineros. Al tiempo que prometía entregarle una “extensa información” sobre la zona de Laciana. Desconocemos si el informe, elaborado por el sindicato vertical a raíz de las reclamaciones de la Comisión Obrera de la MSP, llegó a manos del dictador.

Cuando destacadas personalidades escriben una carta abierta al ministro Solís, Franco dirá que no conocen ni mucho menos el problema minero y que “jamás gobierno alguno de España ha estado más preocupado por el bienestar de los obreros que los del actual régimen. Además en este escrito se invita a la rebelión de los obreros y a la agresión de la fuerza pública”.

Ese mismo mes de septiembre ante los incumplimientos de lo conseguido en las huelgas, tras una nueva queja del obispo de Oviedo el dictador afirmará que no es cierto y que son “cuentos” de los trabajadores “pues hay mucha infiltración comunista”. Añadiendo que:

“Hoy el minero no carece de nada, vive bien con sus familias, pero la propaganda subversiva es grande y difícil de cortar, lo que prueba que no existe como antes decía ningún problema laboral y sí político. Hay provincias como Burgos, Ávila, etc. que son pobres por completo, y sin embargo los ideales religiosos están sumamente arraigados y los conflictos sociales apenas existen.” Lamentándose, de los conflictos laborales de las zonas industrializadas.

A comienzos de los 60 el equipo económico de la dictadura, dirigido por el Opus Dei, se plantea empezar a desmantelar un sector que había sido clave en la reconstrucción de la España de posguerra. Franco, en conversaciones privadas, afirma que de ser admitida España en el Mercado Común Europeo, la producción minera “tendría que resentirse a causa de la de Alemania, Bélica y otros países”. El dictador se había destacado en la represión a los mineros, eran uno de sus principales enemigos, de ahí que continué un proceso de desprestigio, que se amplificará con el nuevo mito del “sector privilegiado”.

En ese momento empiezan a aparecer artículos en diarios cómo ABC en los que se desprestigia a los mineros, se alimenta la leyenda negra, se acrecienta la fama de violento, que va a la huelga fácilmente, sin motivo aparente, y se acusa de vivir y trabajar por encima de sus posibilidades y rendimientos. También se ataca a un sector minero hasta ahora considerado estratégico. Se destaca su ineficiencia obviando, que es un sector descapitalizado por empresas y empresarios muy bien situados en las altas esferas del régimen y que han conseguido un gran beneficio que no han reinvertido.

La organización de los trabajadores conseguirá ir conquistando mejoras en sus condiciones de vida y trabajo. A pesar de la coyuntura regresiva por la que atraviesa el sector y frente a un régimen que se había construido contra el movimiento obrero. Unas condiciones que lejos estaban de la falta de esfuerzo o el privilegio.