“Los nueve miembros de una brigada de extinción de incendios de Icona, se personaron en el lugar de los hechos sobre las dos de la tarde, según estas fuentes -a las 16.00 horas del martes según los vecinos- e intentaron sin éxito, junto con los afectados, sofocar el incendio”, recogía el diario El País, en su edición del día 19.
“La situación se vio agravada
–continuaba la crónica periodística- por la falta de agua en el pueblo, a causa
de las explotaciones mineras de interior, que van secando paulatinamente
los manantiales que posee este pequeño núcleo rural, según los vecinos. Por
otra parte, este mismo día se localizaron en la provincia de León 65 incendios
"la mayoría de ellos provocados", según fuentes de la Jefatura
Provincial de Montes, "que hace a todas luces insuficiente cualquier
empeño de la actual dotación humana con que cuenta la jefatura".” Unas
palabras que nos suenan, por desgracia, muy actuales.
Las pérdidas se
cuantificaron en unos 100 millones de pesetas. Una Comisión Pro-Damnificados de
Langre trató de recaudar y repartir las escasas ayudas, procedentes sobre todo
de la solidaridad de vecinos de los municipios cercanos, a los que acudían
directamente los afectados.
El 17 de agosto de
2025. 39 años y 11 meses después, el pueblo de Lusío, en el municipio de
Oencia, quedó completamente arrasado.
40 años después de la
tragedia de Langre, las comarcas de Laciana y El Bierzo han sufrido
devastadores incendios durante el mes de agosto y septiembre. Los daños al
patrimonio natural y a las poblaciones han sido inmensos. Las respuestas
—comunicados, concentraciones, manifestaciones— no se han hecho esperar. Se ha
hablado mucho de prevención, de la necesidad de que pueblos, juntas vecinales y
ayuntamientos gestionen sus montes, y de un dispositivo profesionalizado,
público, permanente, con medios suficientes y centrado en la prevención.
Reivindicaciones
justas, no nuevas. Mirar al pasado nos permite comprender el presente y
alejarnos del relato interesado. Mucho se ha dicho sobre que ahora, cuando todo
ocurre, “todo el mundo exige”, o que los sindicatos no habían dicho nada hasta
ahora. Lo cierto es que la magnitud de las tragedias de los incendios
forestales es evitable y hubo quienes lo advirtieron, también antes de la
primavera de 2025. No es cierto que no se haya dicho nada; lo que ocurre es que
hubo quien no quiso escuchar. Las organizaciones obreras, desde finales de los
años ochenta y más allá de los problemas laborales o de la reconversión, han
permanecido atentas a otros conflictos generados por el abandono del medio
rural y la despoblación. Entre ellos, el de los incendios.
Hoy recuperamos
un documento clarividente que, con la perspectiva de los años, explica mucho de
lo sucedido. En la primavera de 1990, Germán Fernández, representante del
Sindicato Provincial de Administración Pública de CCOO, y Rafael Marina,
secretario provincial del Sector Autonómico de la FSP-UGT, reclamaban con
urgencia la convocatoria de la Comisión Provincial de Montes. Su petición era
clara: dotar de brigadas-retén a la campaña de extinción de incendios
forestales de aquel año y frenar la privatización de los trabajos forestales en
favor de empresas privadas.
Los sindicatos advertían ya entonces que la
defensa de los montes debía hacerse con medios públicos, estables y con la participación de
las administraciones locales, no dejando en manos privadas un servicio esencial. Más de tres
décadas después, sus palabras siguen siendo de una inquietante actualidad: los
incendios arrasan nuestros pueblos, el operativo continúa siendo precario,
insuficiente y fragmentado, y la gestión forestal activa brilla por su
ausencia.
No es que no se dijera,
es que hubo quien no quiso escuchar. Lo demás, tierra -vidas y viviendas-
quemadas.
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