Las cárceles se
vaciarán de presos políticos y los mineros encarcelados por los sucesos de
1932, 1933 y 1934 regresarán “indigentes, famélicos y harapientos” a las
cuencas. Sin embargo, pronto pasarán de la alegría por la amnistía a la lucha por la readmisión y contra los
cierres patronales.
La Ley de Amnistía también tiene su correlato en lo laboral. Las empresas tienen la obligación de restablecer en sus plantillas a los despedidos y encarcelados por las insurrecciones. Sin embargo, no lo harán sin resistencias y subterfugios. O incluso, las compañías mineras de Fabero se negarán a readmitir a 150 trabajadores que se encontraban en esta situación y se saltan incluso las resoluciones de la Comisión Mixta Arbitral Minera que así lo reconocía.
El Ayuntamiento de Fabero se ve obligado
a intervenir, elevando en marzo una protesta ante el Ministerio de la
Gobernación. El libro de actas recoge que:
“viendo la actitud de intransigencia en
que se colocan los patronos mineros negándose a la readmisión de los
seleccionados desacatando el fallo de la Comisión arbitral, dando lugar con
semejante actitud a que puedan producirse disturbios y alterarse la
tranquilidad pública, la Corporación por unanimidad acuerda elevar su más
enérgica protesta al Excmo. S. Ministro de la Gobernación, Delegado de Trabajo
y Gobernador civil, interesándoles obliguen a dichas Empresas a cumplir el
Fallo de la Comisión Arbitral”.
Un mes después y ante la falta de
soluciones el Sindicato
Único de Mineros de Fabero trata de buscar apoyos políticos. Salustiano
Quintela envía una carta al diputado del Partido Comunista de España Vicente
Uribe. Solicita que se hagan todas las gestiones posibles para lograr la readmisión
de los despedidos por los sucesos revolucionarios de 1933.
4 días después el diputado comunista les
contesta comprometiéndose a defender sus derechos en el Parlamento y les
solicita la relación de trabajadores y las empresas, para “exigir al Ministro
su cumplimiento”.
La lista de 56 aprobados por la Comisión
Arbitral, de los hasta 150 mineros de las explotaciones de Diego Pérez, Miguel
Huerta y Maximino Moro será remitida al congresista. El 27 de abril Uribe
remite una denuncia al ministro de Trabajo Enrique Ramos. También advierte al
SUM que de no dar resultado, llevaría el asunto ante el Parlamento.
El 30 de abril, el Ministerio de Trabajo
dicta una Disposición de Ley en la que se ordena que se aplicasen sanciones a
los patronos que se negasen o resistiesen a cumplir las resoluciones de las
Comisiones Especiales para la readmisión de los despedidos. El Decreto es
saludado con una última carta en la que el diputado comunista se felicita porque
sus protestas han facilitado la vuelta a sus puestos de otros trabajadores de
toda España.
Los
trabajadores deberán hacer frente a un proceso creciente de cierres patronales,
insubordinación y desestabilización al gobierno democrático que había comenzado
a finales de 1935 ante el previsible triunfo del Frente Popular.
En respuesta, en mayo estallará una huelga general en la minería de León que
obligará al gobierno a promulgar un Decreto el 9 de junio que intentará
paralizar los lock outs e intervenir en caso de que así sucediese.
Los mineros de Fabero se dieron cuenta
que llegar al gobierno no es tener el poder, existían fuerzas económicas que
obstruían el camino. La amnistía se desarrolló allí donde la clase trabajadora tenía capacidad para imponerla, a pesar de su carácter de ley desde febrero. En
la cuenca del Cua con sus luchas en distintos frentes los trabajadores
impondrán brevemente su readmisión. 2 meses después, tras el golpe de Estado
frente a la legalidad republicana, dejarán la pica nuevamente para coger el
fusil.
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