María, partera y enterradora

En 1962 María dio origen a la huelgona. En 1979 este pozo emblemático será testigo de un acontecimiento más luctuoso. El miércoles 17 de octubre a las 19:45 en la capa 13 del pozo minero, y no en la planta 14, fueron 10 hombres, y no 3, los que no volvieron. Pero cómo en la canción de Víctor Manuel, hubo sirenas, lamentos/ acompasados ayes/ a la boca del pozo. CCOO y UGT convocan una huelga general en la minería en señal de duelo. Más de 15000 personas asistieron al entierro.

Con esta introducción presentamos una serie de 4 artículos en los que abordaremos este accidente desde 4 puntos de vista. Empezamos con una visión general y la versión que dieron la empresa y las autoridades. La segunda y tercera entrada la dedicaremos a desgranar los informes que el SOMA-UGT y la FSM de CCOO elaboran.

La tragedia de María sigue despertando interés de investigadores, vecinos, familiares e incluso artistas. El año pasado se presentaba el libro “1979, octubre negro” en el que Manuel Blanco realiza una serie de entrevistas a familiares directos de los fallecidos y en 2018 Álvaro Caboalles estrenaba su obra “Carbón. Negro”, que comienza con este accidente. Es por ello que dedicaremos la cuarta entrega al poema “La mina y la tragedia”, del dirigente sindical y político Javier Rubio Fernández.

Volviendo al lugar del crimen, y no es una figura retórica, podemos ver que la MSP no espera ni a sus propias investigaciones y trata de eludir responsabilidades desde el principio. El viernes 19, una fuente “relacionada con la empresa”, declara al periódico El País que “hasta el momento no había indicios de que este [accidente] se debiera a deficiencias de seguridad o de los materiales empleados en las galerías, por cuanto éstos son controlados periódicamente por la inspección.” Atribuyen el accidente a un derrabe de carbón.

Comisiones Obreras le recuerda que el Comité había presentado “quejas sobre los sistemas de ventilación de las galerías”. Las autoridades políticas también lo atribuyen a un derrumbamiento de carbón a pesar de que 5 cadáveres presentan quemaduras.

Ricardo Quintana, secretario provincial de minería de CCOO, confirma que hay claros indicios de explosión de grisú, versión que ratifica el alcalde de Villablino, Manuel Rodríguez, que afirma que la chispa se originó en una máquina locomotora y que los equipos de rescate trabajan con materiales “vergonzosos”. Los periodistas de El País recogen lo que ya era un clamor a pesar del silencio y los intentos de taparlo por parte de MSP y Jefatura de Minas: “Lo único que parece seguro, por el momento, es que el accidente se debió a la explosión de una gran bolsa de grisú, escuchada en el resto de la mina, y no a corrimientos de tierra o a cualquier otra causa.”

A las pocas horas del accidente, el jueves 18, el diputado comunista Horacio Fernández Inguanzo, el Paisano, reprocha la intervención de Fernández Arias, diputado de UCD por León, de cuyas palabras se desprende que muchos accidentes en la mina son provocados por los propios trabajadores.

El sábado 20 nos encontramos con nuevas informaciones que recogen que los trabajadores que participan en el rescate, testigos presenciales, señalan que los mineros perecieron abrasados por el fuego. Empresa y autoridades lo niegan, hablan de accidente “completamente fortuito”. De ser así, MSP y Delegación de Industria, por falta de medidas de seguridad y de fiabilidad de las inspecciones, respectivamente, serían responsables. El Comité recuerda dos pequeñas explosiones previas y que ya habían denunciado “la deficiente ventilación” y “la inexistencia de controles” de grisú.

Los primeros informes de la Delegación de Industria inciden en que no hubo explosión, sino rotura de una bolsa de gas. El ministro de Industria, Carlos Bustelo, respalda esta versión tras la reunión del Consejo de Ministros. Pedro Fernández, secretario de organización de la UGT de la minería, insiste en que es “evidente” la explosión de grisú  iniciada por una chispa de la máquina. Extremo que niegan los investigadores gubernamentales pues afirman que de haber explosión “no hubiera salido nadie vivo de toda la mina” y niegan que hubiera cadáveres carbonizados, a diferencia de lo que apuntan los mineros.

Durante semanas continuarán las investigaciones. Los sindicatos y sus equipos técnicos tratan de examinar las causas del accidente ante una MSP que adopta una posición obstructiva impidiendo el acceso al lugar del accidente, revisar la locomotora eléctrica o la documentación sobre ventilación y visitas de la Jefatura de Minas. Tampoco se les facilita el informe del médico forense para “conocer no solamente el estado de los cadáveres, sino también las causas exactas del fallecimiento de cada uno de ellos”, como denuncia en noviembre CCOO.

El 15 de noviembre la sección de minas del Ministerio de Industria termina su investigación en la que participan técnicos de la Delegación de León y del Ministerio en Madrid. El balance es presentado el día 21, aunque no publicado, alegan que no quieren interferir en la investigación judicial. En la rueda de prensa, celebrada en el Gobierno Civil de León, participan el gobernador provincial, Luis Cuesta, y el responsable de la Delegación Provincial de Industria, Miguel Casanueva. Para entonces ya se han hecho públicos los informes de UGT y CCOO que apuntan claramente a la explosión de grisú.

El documento oficial echa balones fuera. Insiste en las hipótesis ofrecidas desde un principio por el Ministerio de Industria y descarta la explosión de grisú e indica que fue un desprendimiento de carbón que, a su vez, originó una fuga de gases inflamables cuando todos los indicios apuntan en la dirección contraria. También niega las posibles infracciones de seguridad y del Reglamento de Policía Minera por parte de la empresa, aunque reconoce que la máquina “no es idónea para arrastre en este tipo de galerías”.

El 29 de noviembre el Comité de Empresa se reúne con el Delegado de Industria Miguel Casanueva Viedma sin llegar a un acuerdo y anuncia que presentará su propio informe al juez. Los representantes de los trabajadores consideran que el dossier del Ministerio de Industria “no ofrece datos verídicos sobre las causas del accidente”. Responsabilizan a MSP y a Jefatura de Minas del accidente por incumplimiento de la normativa de seguridad y señalan que los técnicos del Ministerio han elaborado “su informe sobre datos superficiales”.

El tributo de muerte que pagan los mineros de María iría acompañado de un menudeo de muertos que en este 1979 sumará 74 en toda España. En 1978 fueron 121, 15 solamente en la provincia de León. En todo momento empresa y autoridades ocultan los hechos para prevenir posibles responsabilidades derivadas de la inacción. No hubo condena judicial para los responsables.