El día 11 las empresas cierran sus explotaciones con el beneplácito de las autoridades provinciales. La crispación va en aumento y en torno a mil mineros están en huelga. En medio de una división obrera ante el lock out, las empresas promueven una sección sindical afecta a la UGT, que acepta entrar a trabajar. La dirección provincial del sindicato socialista los desautoriza y el SUM de Fabero los enfrenta.
Las publicaciones obreras se hacen eco. “El Luchador” a través de su cronista Luis López,, que escribe desde Páramo del Sil, denuncia que la “mano negra socialista apoyada por la fuerza, trata de rebajar los salarios". El periódico, de tendencia anarcosindicalista, afirma que se trata de “seleccionar a los buenos luchadores de los Sindicatos Únicos adictos a la C. N. T”. A la vez que tacha a los mineros ugetistas de “enchufistas” y “traidores al proletariado” y les advierte a través de sus páginas de las consecuencias de sus posiciones: “¡ay del culpable el día en que en los hogares falte el último trozo de pan!”.
La situación estalla el 11 de mayo. El empresario Miguel Huertas contrata a un grupo de trabajadores en la vecina Vega de Espinareda, a pesar de incumplir la Ley de Huelga, al estar los obreros en “paro forzoso”.
El industrial pide cobertura a la Guardia Civil. La benemérita cuenta con refuerzos, entre treinta y ochenta números (según las fuentes a las que acudamos), controlan Fabero.
El cuerpo armado escolta a los camiones que transportan a los esquiroles hasta la mina. Ante esta situación los huelguistas, que habían convocado un mitin en la plaza del ayuntamiento, asaltan los vehículos. La tensión va en aumento. Primero insultos, poco después un grupo de mineros les impide el paso, mientras varias mujeres lanzan piedras contra el camión y la benemérita.
El empresario Miguel Huertas agrede al sindicalista
Bonifacio Durruti delante de la Guardia Civil. El enfrentamiento desemboca en una refriega. Tras lograr disolver la
concentración comienza un fuerte tiroteo entre los trabajadores y la Guardia
Civil, en el que fallece uno de los obreros, José Tejedo Trabada. Además,
resulta herida una de las mujeres, Germana Fernández, que estaba embarazada.
La batalla se
salda con catorce detenidos, tres de los cuales serán ingresados en la prisión
provincial de León. Los encausados Bonifacio Durruti, Melchor Iglesias y
Marcelino Fernández sufrirán un juicio por “infracción de la ley de huelgas,
desórdenes públicos y agresión a fuerza armada”. Iglesias, junto con Juan
Antonio Martín y José Rodríguez, publicarán una carta desde prisión en la que
se reivindican como “mártires del régimen burgués que busca hundir a la
República por todos los medios”.
La situación tarda en normalizarse. La readmisión de los despedidos se prolongará y se hará de forma escalonada, hechos a los que habrá que sumar nuevos enfrentamientos y detenciones. En un primer momento 335 huelguistas son readmitidos, cifra que posteriormente se irá incrementando hasta doblarse.
En junio la prensa
anarcosindicalista todavía califica a Fabero como un “hervidero de la Guardia
Civil, en el que se comenten las más terribles injusticias”. Al tiempo que
augura que la localidad pasará a la historia revolucionaria como “uno de los
pueblos más valientes”. Y apela a “acelerar la marcha hacia la revolución”.
En julio se producen nuevas huelgas por la detención de cuatro mineros, y por las condiciones de trabajo en las explotaciones de Maximino Moro y Tomás Fernández. A finales del verano se registra un paro por la oposición patronal a la ley de retiro obrero a los 55 años. En diciembre el despido de más de 400 trabajadores de la empresa Moro y Compañía originará nuevas movilizaciones que terminan con resultados favorables para la parte obrera.
La prensa derechista de la época también se hace eco de
estos sucesos, sin embargo, la posición que adopta es totalmente diferente. El
ABC titula que “los huelguistas de Fabero tirotean a los que iban a trabajar”,
reduce el número de detenidos a cinco y justifica la actuación de la Guardia
Civil en la que fallece un minero, por estar la institución armada obligada a
“repeler la agresión”. El diario monárquico se prodiga en elogios hacia los patronos con intereses en
esta cuenca a los que se referirá como
"los prestigiosos mineros D. Maximino Moro y don Diego Pérez
Campanario".
La postura patronal califica las reivindicaciones y actuaciones obreras como "injustificadas", al tiempo que afirman que los obreros "se deleitan en continuadas huelgas", según recoge ABC tiempo después.
La Estadística Minera afirma que las huelgas mantienen en “un estado lamentable de indisciplina e intranquilidad casi constante a la agitada cuenca de Fabero”. Presenta la conflictividad social como un problema de conducta o de orden público y no como manifestaciones de conflictos laborales y sociales mucho más profundos.
En diciembre de 1934, poco
después de la revolución de octubre, se celebra el juicio por los hechos de
mayo de 1932. El Ministerio Público retiró los cargos contra Juan Antonio
Martínez, tras escuchar 15 testimonios “cuyas declaraciones fueron favorables a
los procesados”. El resto serán condenados a penas que oscilaban entre un año y
seis meses de prisión y cuatro de arresto mayor.
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