Francisco Blanco Robles, representante de los
trabajadores por CCOO en el Comité de Seguridad del grupo Escandal, de Coto
Minero del Sil, lo describía así: “Las subcontratas son una mala realidad.
[...] La subcontrata es un camino por donde puede escapar dinero, por lo menos,
es lo que se maneja en el grupo Victorino. Está sirviendo como tapadera del
negocio.”
José Luis Álvarez Menéndez, miembro de FIA-UGT en el Comité de Seguridad del Grupo Calderón (MSP) completaba que “Los derechos de los empleados subcontratados están mermados en relación con nosotros. Se está dando un trato bastante despótico por parte de algunos jefes de estas subcontratas a los propios trabajadores aquí en el grupo Calderón.
La situación es bastante precaria en algunas ocasiones.” Este trabajador ponía el foco en los contratos precarios, hasta de fin de obra, la falta de definición de las categorías y de coeficientes reductores, como sí sucedía en las empresas matrices. La desprotección se traduce en medidas represivas, pues añade “Por negarse a hacer cosas que no les pertenecen por categoría al día siguiente es probable que se prescinda de ellos.” El sindicalista reclama que "Los contratos deberían ser indefinidos y debería de tenerse en cuenta todo este asunto con miras a las indemnizaciones futuras.". Afirmando que no todas las empresas operan de las misma forma, admite que hay “subcontratas que trabajan en este grupo cumplen con toda la normativa existente.”Roberto Fernández García, de CCOO y presidente del
Comité de Seguridad del Grupo Calderón, señalaba el miedo y el trato despótico
de los mandos: “Actualmente trabaja una subcontrata en labores de preparación
controlada por Da Silva, un ciudadano portugués, que tras faltarle al respeto
durante 20 minutos a un trabajador, que aguantó un todo tipo de vejaciones,
tras la discusión, el encargado le anunció que ese era su último día de trabajo
en la empresa. El despido fue fulminante.” También los incumplimientos en
materia de jornada, pues la “que figura en su contrato suele ser de ocho horas,
pero luego resulta que esa jornada acaba cuando el jefe les manda marchar.
Nosotros sabemos que existen subcontratas que están 12 y 14 horas trabajando”, que
ponen en peligro la seguridad de los trabajadores.
Incluso el cobro de salarios en negro: “Es posible que
se esté fomentando el sobre entre los trabajadores de las subcontratas. Estas
personas están al descubierto y esto trae consigo un riesgo para los trabajadores
a la hora de las indemnizaciones que suelen ser cantidades mínimas.”
Situaciones de indefensión que redundan en despidos discrecionales: “Hace unos
días un compañero de una subcontrata que no es de la zona, pinchó por el camino
cuando se dirigía a trabajar. Venía de Ponferrada y pinchó en Toreno así no
pudo llegar a la hora. Al día siguiente subió a la mina, se cambió, cogió el
casco y bajó. El encargado entonces le preguntó por qué no se había cambiado el
del día anterior. El chaval cuenta lo del pinchazo y el responsable de la
subcontrata le dice que se vuelva a cambiar y que queda despedido.”
Los representantes de los trabajadores tienen que
afrontar una difícil situación sin medidas de apoyo por parte de la
administración, las desregulación de las relaciones laborales realizada ya
durante los gobiernos socialistas se muestra de forma cruda, y encontrándose
con hechos que no afectan a la empresa a la que pertenecen, en este caso MSP:
“No podemos controlar, pues tampoco podemos llegar hasta el fondo de la
cuestión. [...] Apelamos al artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, sobre todo en su apartado tercero que habla de la coordinación de
actividades empresariales.”
“Este artículo —aclara Roberto Fernández— deja
claro que el primer responsable de la seguridad en el trabajo es el empresario
y la empresa matriz. Nosotros formamos parte del Comité de Seguridad e Higiene
que es un órgano colegiado de esta empresa matriz, en este caso la MSP. Creemos
que la Dirección General de Minas es la que tiene que mojarse y la que nos
tiene que poner de acuerdo”. Al tiempo reivindican que se establezca un
organigrama con personal propio de la MSP que revise las actividades de todos
los trabajadores, especialmente en materia de seguridad, higiene, grisú, etc.
Y es que la situación que enfrentan los
representantes de los trabajadores es realmente complicada. El representante
ugetista José Luis Álvarez hablaba de la doble indefensión, la falta de
representación en las pequeñas subcontratas y las dificultades a los de la
matriz para fiscalizar las labores, incluso en casos de accidente mortal: “Hace
unos dos meses dos miembros del Comité de Seguridad tuvimos que entrar con ropa
de calle y sin guantes a ver un accidente que se había producido en este grupo.
(…) Le pedimos permiso al facultativo jefe para que nos dejara visitar la zona
del accidente. Nos dijo que él no era el responsable sino otro señor, y que por
consiguiente quedaba eximido de responsabilidad no solamente él, sino también
los demás miembros de la Dirección y del Comité de Seguridad e Higiene (…) Si
la MSP dedica globalmente una cantidad al año en prevención de riesgos laborales
y en disposiciones internas de cada grupo y así todo es poco, éstas no dedican
nada. Es más, ha habido trabajadores que prefieren comprar guantes en las
tiendas, antes de pedírselos al jefe porque no se atreven»."
Armando Álvarez Lozano, delegado de USO en el Comité
de Seguridad de Calderón, exponía situaciones que ponen en riesgo la propia
salud e integridad de los trabajadores: “Eran las diez y veinte de la noche y
finalizaba mi jornada. Yo salía y ellos entraban para preparación de raíl.
Estaban con una mesilla, un chaval tuvo un descuido, un fallo, y una rueda le
cortó la punta del dedo. El encargado no sólo no le atendió sino que además le
dijo que llevaba 20 años en la mina y que aún no sabía trabajar. No le dio
papeleta ni observó el parte de accidente que era, sólo se limitó a mandarlo
nuevamente para abajo. El chaval no sabía que tenía que ir a curarse, claro
está.”
La falta de inversión en seguridad, dificulta la
labor de trabajadores excedentes que ven en la subcontratación una vía para
volver al sector y, por tanto, encontrar empleo. El representante de CCOO
Roberto aclara que en “las subcontratas existen grandes profesionales de la
minería. Son barrenistas o picadores que vienen de otras empresas que en su
momento cerraron. Pero que sean profesionales no exime a la empresa de invertir
en seguridad."
Los peligros no solamente se presentan en el
interior, como muestra el testimonio de Emiliano Núñez Sáez, secretario del
Comité de Servicios de MSP por CCOO, los servicios son los más expuestos a
estas externalizaciones, adelgazando las plantillas de las empresas, como MSP:
"en los centros de trabajo de exterior no se están cubriendo las bajas de
los trabajadores sobre todo en servicios. Además no debemos olvidar las permanentes
prejubilaciones que se están llevando a cabo dentro del sector con ánimo de
reducir las plantillas. (…) Están subcontratadas más de 100 personas. En la MSP
prefieren contratar los servicios en vez de meter gente a trabajar. Son
empresas con un número muy reducido de trabajadores que vienen y se instalan.
Por todo esto es casi imposible que los sindicatos puedan intervenir en las
contratas y que se formen Comités de Seguridad. Nos es completamente
imposible.”
Fernando Hernández Fidalgo también integrante de CCOO en el Comité de Servicios de MSP abunda en las dificultades para romper esa dualidad: “Bastante difícil es hacer cumplir a la empresa lo nuestro como para intentarlo con los subcontratados. [...] Estos compañeros no se pueden mover porque se les rescinde el contrato enseguida.” Incluso el miedo y las situaciones de clandestinidad a la que abocan "Durante el horario laboral la relación que tenemos con ellos es nula. Después, cuando marcha el encargado o el responsable más directo te dicen, te cuentan. De todas formas, están muy pillados."
La subcontratación va desde
el interior, con el arreglo de rozadoras o el sector eléctrico, asignado a Unitrabel,
y especialmente a muchos sectores auxiliares, ubicados también en zonas
alejadas de las explotaciones, como Talleres el Rubio de Ponferrada, que se dedica a la
reparación de vagones, o Penfil de Transporte, en León, apunta Fernando Hernández.
“El problema es que la empresa está abandonando todo el exterior».
La falta de formación, el “ocultismo” existente y
la falta de información y formación en materias como la siniestralidad preocupan
enormemente a los sindicalistas. Especialmente significativas las dificultades
en el caso de los polacos y checos que trabajan con rozadoras o minadores en
pozos como Carrasconte, muy preparados porque “en mecanización nos sacan mucho a los de aquí.” Explicaba el barrenista Enrique
Freire. Sin embargo, la falta de confianza, de arraigo, el desamparo y la
necesidad, se unen con la barrera del idioma, incluso a la hora de acceder a
servicios médicos en caso de enfermedad o accidente. Los servicios médicos así
lo reconocen.
Volviendo a Coto Minero del Sil, Francisco Robles de
CCOO en Fabero hacía un llamamiento a la organización de estos trabajadores
para darle la vuelta a la difícil situación y reivindicaba el papel de las
organizaciones sindicales, incluso desde los primeros momentos en que surgen
estas fórmulas de sobreexplotación “detrás están unas organizaciones
sindicales, mejores o peores. No creo que estemos haciendo la vista gorda. En
la primera subcontrata que hubo en la desaparecida Antracitas de Gaitzarro
nosotros luchamos en este sentido. Se entró con fuerza en ellas. No se pueden
encontrar solos. Se trata de entrar en contacto con ellos en las asambleas pero
la cosa es muy complicada”.
Robles incluso explica con experiencias concretas de
organización a partir de aquellos que tienen mejores condiciones dentro de la
propia subcontrata: «En alguna ocasión, el vigilante de turno se ha convertido
en el representante de los trabajadores. Puede sonar a paradoja y anécdota,
pero es cierto y me ha pasado a mí. El propio vigilante se convierte en víctima
y casi en el portavoz de los trabajadores de esa subcontrata».
En
definitiva, la subcontratación no fue solo un “problema laboral”, sino una
estrategia empresarial avalada por la desregulación estatal. Un mecanismo que
degradó derechos, multiplicó riesgos y, sobre todo, fracturó y dividió a la
clase trabajadora minera para beneficio de su patronal, en este caso con
Victorino Alonso a la cabeza.
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