El Estatuto del Minero, una guerra civil entre mineros

El 21 de diciembre de 1983 se aprueba en Consejo de Ministros el Real Decreto del Estatuto del Minero que saldrá finalmente publicado en el BOE de 4 de enero de 1984. El origen de esta propuesta se remonta a 1977, cuando es incluida en la Ley de Fomento de la Minería. La ley de 1980 incluso fija el plazo de un año para su desarrollo, pero no se cumple. En 1978 Manuel Nevado envía una carta a Marcelino Camacho (diputado del PCE y secretario general de CCOO) para pedir que se incluya en los acuerdos políticos la cuestión del Estatuto, a negociar conjuntamente con Comisiones y UGT. Posteriormente el sindicato socialista envía cartas y mociones a los distintos gobiernos reclamando su puesta en marcha.

La medida estaba contemplada en los programas electorales del el PSOE y el PCE de 1979 y 1982. En mayo de 1982 una propuesta parlamentaria del grupo socialista en el Congreso es rechazada por el ministro de la Presidencia de UCD por entender que supondría un “trato de excepción para los mineros”. Al mes siguiente, más de cuatrocientos delegados de CCOO y UGT se encierran durante 24 horas en los locales de la AISS (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales) y en cincuenta minas de las cuencas de Laciana, El Bierzo y Sabero como medida de apoyo a la tramitación parlamentaria del Estatuto del Minero. En Bembibre, la Guardia Civil y la Delegación de la AISS cerraron el acceso a los que pretendían encerrarse.

Los sindicatos afrontan la lucha de forma unida. Sin embargo, la llegada del PSOE al gobierno supondrá una rebaja en las expectativas y la división sindical entre CCOO y UGT, y en el seno de las propias centrales, por separado. Especialmente entre sus Federaciones estatales (con el apoyo de los mineros de León) y sus federaciones asturianas. En CCOO se produce un cisma entre partidarios de la moderación y el acercamiento a UGT (cohesionada con el gobierno) y los partidarios de un perfil combativo e independiente.  En UGT es el SOMA-UGT frente a la federación estatal, por las atribuciones de su paternidad y dirimir sus cuotas de poder interno.

El 24 de mayo de 1983 la ejecutiva de la FEM de CCOO, de la que forman parte Octavio Quiroga (Gaiztarro) y Manuel Lastra (MSP Laciana), se encierra en el Pozo San Luis de HUNOSA. Es el pistoletazo de salida para las movilizaciones. El llamado es un fracaso en Asturias con una organización de CCOO divida, que las califica de “irresponsables” y cercana a las tesis del SOMA. Sin embargo, cuenta con el apoyo de comités de Empresa de la minería privada del suroccidente.

A pesar de ello, en León, Palencia o Navarra, tienen un amplio seguimiento con encierros multitudinarios en El Bierzo Alto, Fabero-Sil o Laciana (con más de 70 trabajadores en Paulina y María). Fuentes del País, informan que la patronal califica como una "guerra entre centrales" el conflicto. Las presiones obligan al PSOE a abrir la negociación. Es el inicio de una guerra civil entre mineros en el otoño. UGT es partidaria de aprobar un Estatuto rebajado con respecto a la propuesta del PSOE en la oposición, para no oponerse al ejecutivo, y CCOO de movilizarse por un Estatuto integral.

CCOO convoca 4 días de huelga general los días 14 y 15 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de 1983. En los primeros días este sindicato fija en un 70% el seguimiento en El Bierzo y Laciana. Por su parte UGT y la patronal rebajan al 15%. La unión Comarcal de El Bierzo de CCOO califica de éxito total la convocatoria “a pesar de la desconvocatoria conjunta entre los empresarios-U.G.T.” ante un Estatuto que consideran saldrá “recortado”. La central liderada por Edilberto Sanchez afirma que a los “SOCIOLISTOS les pasará factura”.

El 29 de noviembre el diario “La hora leonesa” recoge que UGT denuncia piquetes coactivos y las empresas hablan de una huelga ilegal que se piensen bien en participar. La patronal afirma que hay intereses ligados al Partido Comunista detrás de la convocatoria. A pesar de ello las movilizaciones tienen amplia repercusión en Laciana y el Alto Bierzo, donde CCOO es más fuerte. En Bembibre se producen movilizaciones amplias en las que cierran comercios y participan los estudiantes. La hora leonesa cifra en 4.500 los huelguistas y 47 encerrados en distintas explotaciones.

Una guerra de cifras, cruce de declaraciones y enfrentamientos físicos se vive entre las centrales. El clima es cada vez más tenso. Fermín Carnero, secretario provincial de UGT, acusa a CCOO de utilizar “métodos fascistas” y de abandonar a los trabajadores para convertirse en “una herramienta política del Partido Comunista de España”, siguiendo la argumentación de las asociaciones empresariales. Comisiones responsabiliza al gobierno de la conflictividad y acusa a UGT de pretender “anular las conquistas” con engaños. La U.C. de El Bierzo afirma que defender “los intereses de la clase trabajadora no es una práctica antisindical, si lo es sin embargo defender los intereses de los empresarios que son coincidentes con la U.G.T.”.

Finalmente el Estatuto se aprueba el 21 de diciembre con un sabor agridulce y con heridas en las organizaciones obreras.

José Antonio López “Míster”, dirigente de CCOO en AFSA consideró que “no era a lo que en aquel momento aspirábamos”. El faberense subraya la multitud de frentes abiertos “no tenemos que luchar sólo contra la empresa y contra la Administración, también con la UGT, que ya no es que no apoye la movilización, sino que hace todo lo que puede para romperlas”. Pedro Monasterio, de COFASA, achacaba a la ligazón PSOE-UGT el no conseguir “un mejor Estatuto” porque el sindicato afín al gobierno los “dejó un poco solos y además haciendo campaña en contra”. Manuel Lastra, secretario de CCOO en Laciana, destacaba el gran desgaste, “me dejó bastante quemado”, en parte por el abandono de las CCOO asturianas. En este caso, además, el sindicato lacianiego acumulará una deuda de 129.385 pts. Sin embargo, Carlos de la Peña, trabajador de Virgilio Riesco en Bembibre exhibe con orgullo que en El Bierzo se hizo “probablemente, la mejor labor de todo el Estado”, reconocido por la FEM. Todos destacan el impulso que vive el Sindicato Minero de CCOO a raíz de las movilizaciones.

UGT respalda el texto socialista, a pesar de estar por debajo de las propuestas que los de Felipe González hacían en la oposición. La tensión al interior se produce entre el sector partidario de la Federación Estatal, liderada por Antón Saavedra y el SOMA asturiano, por José Ángel Fernández Villa. El enfrentamiento había quedado patente en mayo durante la celebración del XIII Congreso Federal de la Federación Estatal de Mineros de U.G.T. en Ponferrada, calificado por los medios como el del “Estatuto del Minero”. El SOMA lo abandona. Saavedra afirma que el sindicato ugetista asturiano actuó “en una vergonzante connivencia con el PSOE y su gobierno del Reino en España, le habían puesto todo tipo de obstáculos, zancadillas y cacicadas, entre otras cuestiones, porque no era su estatuto, sino el de la FEM-UGT.” El SOMA, aunque luego se atribuyen la paternidad, pretendían una “especie de reglamento de régimen interior exclusivamente para Hunosa”.

A pesar de todo, la organización minera de UGT valora que el Estatuto “sepultaba (…) el modelo franquista de relaciones laborales”, modernizándolo y democratizándolo. Además consideraba que “ponía en manos de los mineros españoles las herramientas necesarias para cambiar sus condiciones de vida y trabajo.” El secretario general de la FEM de UGT calificó de  “algaradas” de CC.OO. las huelgas en la minería en la que los enfrentamientos en Laciana y El Bierzo fueron claros y llegaron a las manos.

Sin embargo, las relaciones entre UGT y CCOO en estas comarcas no alcanzaron los climas de crispación que en Asturias, en ello influye que el sector privado en la minería, diluía la responsabilidad del PSOE en el gobierno.

Lo cierto es que el sabor agridulce, es compensado por los avances. Especialmente en materia de seguridad y salud, en la unificación de la legislación o estableciendo el carácter indefinido en la contratación laboral. En los debes, el Estatuto no recoge que el segundo día de descanso sea el sábado cómo exigía CCOO. Muchas empresas plantean como segundo día de descanso uno entre semana, lo que en la práctica supuso que no se disfrutase, ofreciéndoles las posibilidad de que computarse cómo horas extras. La aplicación de las 35 horas de jornada semanal es una fuente de conflicto por su implementación gradual en muchas compañías.

La falta de unidad sindical, unida a la rebaja del ejecutivo socialista, impidió más conquistas en el Estatuto Minero. Sin embargo, este fue un avance especialmente beneficioso para los trabajadores de empresas más pequeñas de la antracita berciana sin (o con dificultades para la) representación laboral. A pesar de ello, una cosa sería lo que dice la ley, y otra su cumplimiento por parte de las empresas mineras. Pero eso es otra historia, que se peleó y se contará más adelante.