En nuestro imaginario
popular, por el cine y el ocultamiento, solemos asociar trabajo forzado con el
nazismo. Sin embargo, veremos que Laciana y El Bierzo también sufrieron esas
realidades.
Entre los campos de
trabajo forzado, el más importante se localizó en Fabero, en el grupo La
Reguerra de Minas Moro, S.A, que estuvo abierto entre 1939 y 1947 y contó con
hasta 250 trabajadores al mismo tiempo. Al otro lado del Corral de los lobos, en el valle del Sil, otra empresa que también
explotó mano de obra forzada fue Antracitas de Gaiztarro en sus minas de
Matarrosa del Sil, con en torno a 70 penados.
De la misma manera la
MSP, la empresa minera más importante, se lucró con trabajo en condiciones de esclavitud
en sus explotaciones. En Orallo encontramos un destacamento penal situado en la
casa de la familia Barrero. En este campo estuvieron recluidos 120 presos
políticos que trabajaban en los grupos “Calderón” y “Orallo”.También a partir
de 1942 en Villaseca de Laciana, cumplirían condena 40 presos, en el edificio
que había sido sede del Sindicato Católico de la localidad. En el Pozo
Caboalles, se establecería una colonia penitenciaria con 75 presos según la
Memoria Anual de 1941 de MSP.
No solo en el sector
minero se empleó mano de obra forzada. También para la construcción del Canal
del Bajo Bierzo, en las cercanías de Camponaraya, se localizó un campo de trabajo
forzado que llegó a contar con 88 presos políticos desde diciembre de 1943 a
diciembre de 1944. Sus trabajadores eran penados de la Prisión del Partido de
Ponferrada.
Un hecho menos conocido
es que entre los cientos de obreros que construyen la Central de Compostilla I,
en Ponferrrada, se encontrarán algunas decenas de presos políticos
republicanos.
Los campos de trabajo
dejarán huella en las poblaciones. En el caso de Matarrosa y Orallo, los
barracones de presos se utilizarían posteriormente por vecinos/as del pueblo,
dando nombre a barrios como “Los Barracones” o “Los cuarteles” respectivamente.
Estos campos pertenecían
al ICCP (Inspección General de Campos de Concentración). Una institución creada
en 1937 dependiente del Cuartel General del Generalísimo Franco hasta 1940, que
pasa al Ministerio del Ejército. Los presos políticos redimirían penas por el
trabajo. El castigo a los vencidos se disfraza bajo la retórica falangista del
“derecho al trabajo”, que no se ``regateaba´´ a los prisioneros y presos rojos
que “olvidaron los más elementales deberes de patriotismo”. La represión obrera
y la acumulación capitalista alcanzan su fusión más sofisticada en los campos
de trabajo.
La ICCP concede
prisioneros a las empresas pertenecientes a las Industrias Militarizadas,
aquellas consideradas como estratégicas, aunque fueran de titularidad privada,
como la minería.
Los prisioneros
políticos recibirían un “salario” de 2 pesetas al día, de las cuales 1,5 se
destinarían a cubrir los gastos de manutención, aunque también se descontaba
por otras múltiples razones, incluida la
pica con la que trabajaban en la mina. Los 50 céntimos restantes serían
de libre disposición y se les entregaban al finalizar la semana. Un ingreso
ínfimo que era entorno a una veinteava parte del que cobraban los trabajadores
libres y que no siempre llegaba a sus destinatarios.
En la memoria de la
Obra de Redención de Penas entregada al “Caudillo” de 1941 el régimen se
vanagloriaba de haber enseñado un oficio a algunos trabajadores: “Así, por
ejemplo, en las minas de antracita de Fabero, muchos muchachos sin oficio
determinado han adquirido el de «picador de carbón», que les asegurará
ocupación el día de mañana en una profesión acorde los jornales son altos y la
demanda grande”.
Los presos republicanos eran llevados al
agotamiento físico, trabajaban sin apenas comida, la ropa escaseaba y era
insuficiente, tanto para el trabajo, como para hacer frente a los duros
inviernos. Estos eran destinados a las labores más penosas y peligrosas. A esto se le añade el maltrato psicológico y
físico, que eran continuos. Condiciones extremas que, a pesar del férreo
control, no impidieron distintas protestas o fugas apoyadas por la guerrilla
como es el caso del Penal de Fabero.
El balance que los
responsables del sistema de explotación de presos hacían en 1942, es realmente
esclarecedor:
“Resumiendo, se puede
afirmar que la labor realizada por los reclusos en nuestras minas es una de las
aportaciones más meritorias para el desarrollo de la economía. A raíz de la
liberación, la escasez de mineros hacía muy difícil la explotación de sus
yacimientos por penuria de obreros especializados, han podido ponerla en
marcha, y hasta aumentarla, gracias a la contribución de la mano de obra
reclusa”.
Años después, en 1963,
informes del sindicato vertical achacan la conflictividad creciente en las
minas a la existencia de trabajadores en la zona de Fabero y Laciana que
proceden de los “viejos campos de concentración que existieron durante nuestra
Guerra de Liberación”, es decir, los Campos de trabajo forzado.
Como hemos visto, más allá de los campos
nazis o de casos que empiezan a sonar, como el “Valle de los caídos” en España,
“No hace mucho, no muy lejos de aquí” hubo campos de trabajo forzado y empresas
públicas y privadas que se enriquecieron con este trabajo.
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