“El gravísimo problema de la enseñanza primaria” en Villablino a comienzos de los años 60.

Durante los años de postguerra las cuencas mineras experimentan un gran crecimiento a raíz del boom que vive el sector. La afluencia de inmigrantes para trabajar en las minas, hace que nos encontremos con una población joven. Sin embargo, el crecimiento que experimentan los pueblos mineros no va parejo a la creación de servicios públicos que absorban las nuevas demandas.

Villablino, el municipio minero más grande de León, con 15.000 habitantes en 1958, el doble que 20 años atrás, es un ejemplo de ello. La población infantil se eleva a 4.977 personas en todo el valle. Sólo en la cabecera son 1.263 niños y niñas de 0 a 14 años, en Caboalles de Abajo 785 y 1.140 en Villaseca.

La población escolar, entre 6 y 14 años, ronda los 2.383 en 1959 (llega a 2.723 en 1963), desenvolviéndose en las 45 aulas que existen en todo el ayuntamiento. Villablino, en palabras de su alcalde, Manuel Barrio, acusaba un “gravísimo problema de enseñanza primaria”, que debería ser abordado “con toda urgencia”. Los locales donde se imparte clase son “totalmente inadecuados, insalubres y de condiciones higiénicas muy deficientes”. Además, existe un déficit de 35 aulas educativas, según el Ministerio de Educación, que se incrementarían hasta 41 en 1964. Datos alarmantes teniendo en cuenta que se calculan para unos ratios de 40 alumnos/as por aula.

Un problema que debería ser abordado “con toda urgencia” mediante “un amplio plan de construcciones escolares”. Las demandas de las autoridades locales van a ser constantes, también las denuncias y reivindicaciones por parte de la oposición, a través de la Pirenaica o de las reivindicaciones de las comisiones obreras en sus escritos.

La MSP incumplía la ley de construcciones escolares, a pesar de que el 81,44% de los niños y niñas (4.053 frente a 924 del resto familias) eran hijos e hijas de trabajadores de la empresa y el Ministerio de Educación se ofrecía a subvencionar el 20% de los costes, que sería deducibles en el Impuesto de Sociedades y los edificios serían de su propiedad. En Laciana sostiene únicamente dos escuelas de niñas en Villaseca y otra en Villablino, en un “local alquilado y totalmente inadecuado para albergar una Escuela”. La legislación recoge que “las empresas mineras que cuenten con una población escolar superior a treinta niños vendrán obligadas a construir Escuelas y viviendas para maestros”.

En 1958 el ayuntamiento se dirige a las jerarquías del régimen recordando la “obligatoriedad para la empresa [MSP] de solucionar el problema escolar por ella originado”. Pues su labor era “poco menos que nula”.  A pesar de esas reclamaciones y de los requerimientos de otras autoridades, la Minero no cumple con sus obligaciones.

En ello pesa la autoridad de Marcelo Jorissen, El Belga, quien afirmaba que la empresa debía “abstenerse” de cualquier “actuación que no sea de orden laboral”, incluidas las religiosas, tan promovidas por el régimen. Hacía años que el director de MSP rechazó la misión confesional de los jesuitas en Ponferrada afirmando que a los obreros no hay que “tratarlos así sino con látigo”.

A la altura de 1963 existen 54 aulas educativas repartidas por todo el Valle. Nueve aulas privadas, pertenecientes dos a las Hermanas Mercedarias de la Caridad, 2 a la Fundación Octavio Álvarez Carballo, una a la Fundación Álvarez de la Puerta y únicamente cuatro de la MSP. Durante esos años la Diputación había construido 6 escuelas y viviendas en Villaseca y Caboalles de Abajo. Y el ayuntamiento dos en Caboalles de Arriba.

El sistema educativo perpetúa la división entre vencedores y vencidos, contribuye a la reproducción de una élite dominante. Años después de la guerra civil, en el acceso a los estudios y becas se privilegia a los afectos al régimen, o quien pueda pagárselos. A la escasa oferta educativa se le unen las dificultades para acceder a una ayuda. En estas circunstancias, las posibilidades de promoción social de los hijos e hijas de la clase trabajadora son escasas. No es casual, que entre las reclamaciones de la primera comisión obrera de la MSP estuviese el cumplimiento de la Ley de Construcciones Escolares.

A comienzos de 1963, la recién creada comisión, en representación de “todos los productores asalariados de la Empresa”, envía una carta al Ministro de Trabajo con sus reivindicaciones sociolaborales. El 30 de enero consiguen sentar en una mesa a las jerarquías del Sindicato Vertical para discutirlas en Villablino. Aunque no constaba en los puntos del día, los mineros exponen que existen “4.977 niños en edad escolar”, no existiendo apenas escuelas y las que existen con unas condiciones higiénicas y de salubridad nula. Cómo en anteriores estudios, se cifran en 35 las escuelas y viviendas necesarias en el Valle.
Juan Sánchez Calero y Arturo Ávila Gallego, representantes del Sindicato Vertical asumen estas reivindicaciones cómo “razonables” y se comprometen a remitirlas al Ministro de Trabajo. El resultado, cómo las anteriores gestiones se vislumbrará de forma más lenta. Al fin y al cabo, la empresa no necesita jóvenes formados, necesita únicamente mineros.