Fallecería un domingo 1
de junio, apenas unas semanas después, en la unidad de quemados del Hospital de
Baracaldo. Su cuerpo no resistió las quemaduras. Dos días después, el
cementerio de Mieres, en la cuenca central asturiana, sería el escenario
multitudinario de la despedida, a quien permanecería ya cómo un mártir, poco recordado, poco reconocido,
pero al fin y al cabo eso: "una persona que muere o sufre grandes
padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones".
¿Que es lo que sucedió? Volvamos un poco más atrás.
El 19 de abril de 1980,
se produce un encierro en el grupo Jarrinas de de Antracitas de Gaiztarro en Lillo
del Bierzo. 32 trabajadores se encierran en la mina en protesta por desavenencias
por el pago de los destajos y el traslado de un grupo de mineros a una “zona de
castigo”, con bajas remuneraciones. En su mayoría son miembros de CCOO que
habían mantenido enfrentamientos con la empresa, que los aparta y concentra para
que no creasen “follones” en otros sitios.
En su protesta retienen
a tres ingenieros y facultativos de minas. Esta práctica frecuente en el
combativo sector de la antracita berciana motivó una denuncia del Colegio de
Ingenieros de Minas del Noroeste por “presunto delito de secuestro”, lo que
rompió las negociaciones.
Finalmente se
desbloquean cuando el 22 de abril, cómo gesto de buena voluntad, los
encerrados, canjean a los ingenieros por los secretarios provinciales de CCOO y
UGT, Fermín Carnero y Casimiro González, y el diputado del Grupo Mixto Andrés
Fernández. La situación es tensa por la falta de avances en la negociación,
CCOO trata de promover una huelga general en la zona y un grupo de mujeres paraliza
la cinta de carbón en Escandal, también de Gaiztarro. Finalmente se llega a un
acuerdo que pone fin al encierro.
Sin embargo, ahí no
acaba la cosa. Algunos mineros son detenidos y trasladados a Ponferrada. La
noticia corre cómo la pólvora y desde Fabero vecinos y mineros comienzan a
trasladarse hacia la capital de El Bierzo. Ante la marea de coches la Guardia
Civil corta las carreteras para impedir que sigan bajando más personas, pero un
grupo numeroso ya se encontraba en la plaza del ayuntamiento.
Allí trasladan detenido
a Octavio Quiroga, de la ejecutiva de la Federación Estatal Minera de CCOO, que
se había entregado voluntariamente al conocer que estaba en búsqueda y captura.
El ambiente es cada vez
más tenso, la policía trata de desalojar a los manifestantes y en ese momento
Joaquín Suarez, minero de Hijos de García Simón, se rocía de gasolina y se
quema a lo bonzo.
El trabajador se lanza contra el cordón policial, sus compañeros lo apagan, el desconcierto se apodera de la plaza, el minero se niega al auxilio de los cuerpos de seguridad: “que estos hijos de puta no me toquen”. Finalmente una ambulancia lo traslada al hospital.
Tras el desconcierto
inicial la tensión contenida se desata. José Antonio López, “Mister”, testigo
de los hechos, lo relata así en el libro de la Federación Minerometalúrgica de CCOO
de Castilla y León: “en el momento en que lo llevan, pues aquello estalló.
Estalló, empezamos a palos, y los soltaron (...) En aquellos momentos, ya llegó
una orden de que los soltaran, los soltaron. (…) casi los sacaron del calabozo
a empujones”.
Los mineros detenidos
finalmente no fueron procesados, una prueba de que la justicia depende de los
equilibrios de fuerzas. Una detención que los trabajadores consideran una
provocación, una decisión “muy política” del gobierno de la UCD. Con ellos intentaron realizar una acción
ejemplarizante que terminó en tragedia, el miedo a nuevas movilizaciones y un
aumento de la conflictividad hizo que las autoridades finalmente desistieran
del procesamiento. Especialmente en un contexto de movilizaciones cómo la histórica
huelga de los mineros de Crimedesa en Burgos.
Desde luego un episodio
duro, trágico, que 40 años después conviene recordar. Aunque cómo explica
Quiroga sean “historias que te acuerdas
y después te joden”.
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