Las caídas del PCE de El Bierzo y Laciana, 1963.

Entre finales de la década de los 50 y los primeros años 60 la represión se ceba con la militancia antifranquista en El Bierzo y Laciana. El PCE, que era la única organización clandestina, sufrirá tres caídas en un corto espacio de tiempo. A comienzos de 1960 se encarceló al minero de Bembibre Daniel García y a finales de 1962 se desarticula una red clandestina que ayudaba a mineros a emigrar a Lieja (Bélgica), siendo detenido “El Asturiano” de Fabero.

Ese mismo año la Comisión Internacional de Juristas alertaba del uso, y abuso, de la jurisdicción militar para delitos civiles y la falta de garantías procesales. A pesar de su carácter anticomunista, Manuel Fraga, ministro de Información, responderá airadamente negando la existencia de presos políticos y calificándolo de filocomunista.

La dictadura había creado un estado policial. El miedo a las fuerzas de seguridad estaba extendido. Isabel García, mujer de Andrés González, minero comunista de Lillo del Bierzo y preso político, resume en una frase un sentimiento generalizado: “veías a la Guardia Civil, y era como si vieses el demonio, lo que los curas llaman el demonio”. 

A finales de 1962 se produce la detención de otros dos comunistas. Emilio de la Calzada, inspector médico acusado de cobrar a cambio del reconocimiento y retiro por silicosis de los mineros, junto a José María Martínez, farmaceutico de Lillo del Bierzo afincado en Ponferrada. En los interrogatorios, Calzada es enfrentando con Martínez en un cara a cara bajo la dirección del temido (por sus torturas) comisario Ramos, desplazado desde Oviedo para la ocasión. Las acusaciones, lejos de ser ciertas, eran cuestionadas por la realidad que vivían cientos de trabajadores. Un ejemplo sería Andrés González que tenía el tercer grado de silicosis diagnosticado pero no se lo certifican, a efectos de retiro y pensión, y tiene que reclamar a través de una agencia.

El 8 de febrero del 63 comienzan nuevas detenciones de la dirección comunista en El Bierzo y Laciana. Manuel Jesus López, Tapicero en Ponferrada, Andrés Gonzalez, minero de Lillo del Bierzo, Felix Santos, peón de la construcción en Ponferrada, Arsenio Marcos, fontanero y vecino de Ponferrada y Ramiro Pol, comerciante cacabelense afincado en Villablino. Se les acusa de pertenecer a “organización clandestina”, el PCE, y tirar propaganda durante las huelgas. Por tanto, un delito que la “Ley de Seguridad del Estado” equiparaba al de Rebelión Militar.

A todos se les acusa de pertenecer a “organización clandestina”, el PCE, y tirar propaganda durante las huelgas, ejerciendo una “influencia más o menos abierta en las alteraciones de la relación laboral”,  o remitir información a la Pirenaica. Un delito que en la Ley de Seguridad del Estado, es equiparado al de Rebelión Militar.  Algunos, además, han pasado por la cárcel, por el campo de trabajo de Fabero o cuentan con antecendentes familiares republicanos.

En la prisión de Ponferrada permanecerán desde el 11 hasta el 27 de febrero, donde sufrirán torturas. Isabel García, mujer de Andrés González, recuerda que “el día que salió (…) para la cárcel [provincial de León] no podía ni andar (…) les pegaron mucho (…) Estaba morado, y los pies… debieron de machacarles las uñas y el demonio…”

Los militantes, sin embargo, trataban de ocultarlas para que el miedo no neutralice la actividad reivindicativa de familiares y conocidos.

En julio un Consejo de Guerra declarará probados los hechos y culpables de “un delito consumado de Rebelión Militar”. Por ello se les condena a unas penas de entre 2 y 5 años de prisión que, tras alegaciones, serán reducidas a unos meses.  En octubre de 1963, cuando es firme la sentencia, la condena ya está “cumplida con exceso”.

Los meses entre rejas son una dura carga para las familias de los presos políticos. Sólo es aliviada por la implicación vecinal y la red de solidaridad del PCE, que les proporciona respaldo económico y moral. Isabel García, por ejemplo, recibía aportaciones económicas mientras Andrés González estaba en la cárcel. La organización local del PCE recolectaba entre los militantes y simpatizantes de Fabero y Lillo una “cantidad del sueldo importante”, para los exiguos salarios de los mineros de la época.

A pesar de que las detenciones descabezan parte de la dirección comunista, la revitalización, vivida a raíz de las huelgas de 1962, permitirá al PCE seguir funcionando. Si bien ahora carece de cabeza, ha conseguido algo que no tenía anteriormente, músculo. Una nueva generación de trabajadores que se habían incorporado al calor de las luchas y en las que, además, se habían fogueado. Militantes que serán los protagonistas de la infiltración en el Sindicato Vertical y de la nueva oleada huelguística que se vivirá en estas comarcas en el verano de ese mismo año 1963.