[1959] El Plan de Estabilización desestabiliza la paz social en El Bierzo y Laciana

En la década final de los 50 la economía española estaba en crisis. La pertinaz sequía o el bloqueo internacional eran las fórmulas empleadas para esconder o justificar el atraso económico al que la dictadura había sometido a España. En este momento parte de los antiguos políticos falangistas son sustituidos por tecnócratas del Opus Dei. La economía se somete a un “tratamiento de choque” característico del Fondo Monetario Internacional. Esto supone una bajada importante de los salarios, que viene acompañado de una nueva Ley de Orden Público y la Ley de Convenios Colectivos.

El Plan de Estabilización de 1959 impulsa un nuevo modelo de acumulación que se abre al comercio y al capital exterior. Al interior se traduce en precios altos, salarios bajos y altas tasas de acumulación de beneficios.

Esta liberalización económica no se tradujo en una liberalización del estrecho control que la dictadura ejercía sobre la clase obrera. El capitalismo del desarrollismo, según Eloy Terrón, “irrumpe en unas condiciones de violencia, de ausencia de leyes y sin ningún tipo de control sobre unas desenfrenadas ansias de poder y riqueza”.

En la provincia de León se traduce en una crisis. Empresas cómo Cementos Villafranca o Conservas Ledo quiebran. En Cosmos y en varias obras de Endesa se producen despidos. El paro aumenta sin mecanismos de protección social. Se produce una regresión de las rentas provinciales, según reconocen los informes del sindicato oficial, y un malestar social creciente. La emigración es la primera válvula de escape. Como reconoce ante el Consejo Económico Sindical Provincial de León Manuel Fuentes Irurosqui en 1967.

Un sector energético descapitalizado tras años de autarquía se enfrenta a la liberalización. Empresas “acostumbradas” a trabajar “a base de créditos bancarios, no quieren o no saben hacerlo al restringirse éstos”. Viven con “desilusión” la eliminación de organismos intervencionistas. Como explica Amando Fernández Delegado Provincial de Sindicatos en sus “Informes sobre ambiente económico-social” Los documentos internos del régimen alumbran lo que se trata de ocultar en las informaciones públicas.

La delegación comarcal de la Organización Sindical Española de Ponferrada, se dirige al sindicato Nacional del Combustible. Solicita que se controle la importación y que no se perjudique a la producción nacional.

“Reducción de las actividades empresariales al mínimo”, alertan las autoridades sindicales, un 40% en la minería. El duro invierno de 1960 da un respiro temporal, pero el Plan se salda con la destrucción de cerca de 8.000 puestos de trabajo en las cuencas mineras leonesas. La crisis repercute en bajadas de salarios y destajos. La OSE propone medidas que van desde la Acción Concertada a la readaptación del personal a través de escuelas de FP en Villablino y Bembibre.

La inflación que desencadena supone un freno de las inversiones empresariales. La MSP da carpetazo al proyecto de construir una siderurgia en Ponferrada que hubiera significado 2.000 millones de pts. de desembolso para su puesta en marcha.

Sin embargo, a pesar de la crisis hullera, durante el periodo 1955-65 el reparto de beneficios es constante. La MSP supera el 30%, muy por encima del 10% del resto de empresas ligadas al Banco Central, con firmas tan destacadas como Dragados y Construcciones o Cepsa. La crisis que sufre a partir de los 70, coincidiendo con un periodo de bonanza del sector, se fragua ahora. Una estrategia de sus accionistas que evita la reinversión en mecanización y modernización de sus estructuras productivas.

El Delegado Provincial de Sindicatos, redacta un informe sobre el “Ambiente económico social” en el que reconoce el descontento:

“Obreros, mineros: Descontento general porque empieza a correrse el rumor de que se ha dejado sin efecto la esperada modificación de la Reglamentación Nacional de Trabajo de Minas de carbón (…) Preocupación y retención (…) ante el temor de una posible liberalización de las antracitas que, de llevarse a cabo, originaría un paro total en esta rama de laboreo.”

La incertidumbre se extiende entre los trabajadores que ven cómo se aumentan los precios de productos básicos, se reducen jornales y temen que se llegue “al despido libre”. El Sindicato Vertical se siente incapaz al “carecer de consignas y orientaciones”.

A la crisis se le suma el descontento con los convenios y los nuevos sistemas de  cronometraje que sin sindicatos libres, se traducen en bajadas de salarios, intensificación del esfuerzo y aumento de los accidentes.

El sindicato vertical provincial reconoce que el resultado de los convenios depende “de la postura y conciencia social de la empresa”. Desde la Delegación faberense lo corroboran. Gonzalo Ramos en una carta a Amando Fernández afirmar ver “entrar el hambre en mi casa” pues “estos Judíos de Empresarios, tienen el alma tan negra”, y el resultado son pérdidas de hasta 200 pts por nómina.

En Laciana el minero comunista José Ramón Vega explica que la cronometración “reventaban a la gente (…) Tenías un perro detrás apuntando el tiempo que echabas y los metros que avanzabas”. Benjamín Rubio apunta que las relaciones laborales se convierten en “una tiranía, sanciones a mansalva”. Cuando se produce un accidente, incluso mortal, las empresas se lavaban las manos entregando al difunto una papeleta de sanción por imprudencia, culpabilizándolo del mismo.

A pesar de todo, tiempo después la discusión de los convenios contribuirá a potenciar la acción colectiva de los trabajadores, con cierta cobertura para elaborar las reivindicaciones.

 

En este contexto la paz social añorada por el franquismo, el silencio de las bayonetas, comenzará a resquebrajarse. Entre los meses finales de 1959 y 1960 se registran las primeras huelgas de celo, paros, plantes, huelgas y comisiones. El Plan de Estabilización había desestabilizado la paz social en El Bierzo y Laciana. Pero eso, lo desarrollaremos en un próximo artículo.