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sábado, 31 de octubre de 2026

La Ordenanza del Carbón de 1964, cosechando después de la siembra

Decía Marcelino Camacho que “la lucha paga”. En torno a la huelgona de 1962 se crearon las primeras Comisiones Obreras estables en el Valle de Laciana y, también, surgió un movimiento de oposición a la dictadura que sembró movilización obrera y permitió ir organizando nuevas luchas y materializando conquistas en los próximos años.

El sector del carbón será el más numeroso y donde la organización del nuevo movimiento obrero alcance mayor desarrollo. La Comisión Obrera de Laciana decide participar e infiltrarse en las elecciones sindicales del año 1963. A pesar de las dificultades esto les permite estar presentes en los órganos del sindicato vertical y participar en el proceso de elaboración de la Ordenanza Laboral Minera del Carbón.

La Ordenanza se elabora en un contexto de crisis del sector antracitero. En El Bierzo Alto los informes policiales indican que “El público no confía en las medidas del Plan de desarrollo”. Tienen motivos fundados. El carbón de importación y los nuevos combustibles aumentan mientras la modernización de las explotaciones no llega, la mano de obra especializada emigra y proliferan los expedientes de crisis. La documentación oficial habla de un descenso de 2.000 pts. en la capacidad real de compra entre 1964 y 1967 en la provincia de León. Los medios, sin embargo, lo silencian.

Las huelgas del verano de 1963 no habían terminado con conquistas, pero los mineros se convierten en un problema para el régimen que trata neutralizar con la convocatoria lanzada por el ministro de Trabajo, Romero Gorría, para un anteproyecto de nueva Ordenanza Laboral Minera del Carbón.

El mecanismo de elaboración es a través de representantes del Sindicato del Combustible de las distintas provincias. Las comisiones de mineros no son admitidas, a pesar de las peticiones obreras. Se aplica el tradicional método franquista del corporativismo y la representación por familias, en este caso categorías profesionales.

Los picadores, por su posición en la cadena extractiva, son los trabajadores que más poder tienen dentro de la mina, al fin y al cabo, todo el proceso tiene un objetivo, el arranque del mineral. El Presidente del Sindicato Nacional del Combustible había dado órdenes de que esta categoría estuviese representada, pues son quienes más se destacan en los conflictos. El representante leonés en la categoría de trabajadores especialistas, que englobaba a barrenistas, picadores, entibadores, posteadores o mineros de primera, fue Benjamín Rubio, picador y, a su vez, Vocal Provincial.

Desde las diferentes delegaciones comarcales se enviaron propuestas al Sindicato Provincial, que debían ser discutidas, acordadas en León y enviadas a Madrid. Los enlaces de la MSP no son convocados a la reunión provincial. En ello colabora la compañía que lleva tiempo organizando una maniobra para anticiparse a la Ordenanza. La empresa modelo tenía información de que en la nueva reglamentación se preveía que los salarios tuviesen relación con los beneficios. Y trata de “demostrar un estado ruinoso de la empresa o poco menos”. Las jerarquías verticales son conscientes, reconocen que la situación es completamente “anormal y no puede servir de base para ninguna reglamentación o estudio porque partiríamos de una base falsa”.

Por si fuese poco, delegados de El Bierzo y Laciana son excluidos también de su participación en Madrid. Rubio se entera por la prensa de que el conclave minero se estaba desarrollando en la capital de España y, a pesar de haber sido elegido, no se le había notificado. Tras una serie de llamadas y excusas por parte del Delegado de Sindicatos de León, a los tres días Benjamín sale para Madrid. Una vez allí, José Redondo, Presidente del Sindicato Nacional del Combustible le impide la participación, al igual que habían hecho con otros mineros bercianos:

“No puedes participar, no lo permitiría el resto de la comisión. Yo deseaba que estuvieras tú y otros dos muchachos de Fabero, que se enfrentaron conmigo cuando fui a esa zona en la huelga. El resto de representantes de los trabajadores y técnicos a nivel nacional se oponen a que participéis, esgrimiendo que los de Fabero no pueden porque la ordenanza de la antracita no tienen nada que ver con la de hulla, y que cuando se discuta la ordenanza de esa rama, que participen”.

Rubio argumenta que había sido elegido por León, a lo que el verticalista le responde que el cupo de la provincia está completo: “al negarse los demás yo no puedo imponerlo”. Aprovechando una reunión nacional del Sindicato Vertical, se desplaza hacía allí para pedir explicaciones al Presidente y Delegado Nacional, que le dejan participar. No sin nuevos problemas. A la hora de recoger la credencial un representante de León, Aleituriaga, de Sabero, intentó sustituir a Benjamín Rubio por un vigilante de aglomerados.

Finalmente, tras duras gestiones, consigue participar. Benjamín intenta hacer planteamientos a la propuesta presentadas por el Ministerio y que no habían sido debatidas en León.

El debate es desequilibrado, “no hay una verdadera representación” por la política de boicot a las elecciones sindicales de los mineros asturianos y la sobrerrepresentación empresarial. “Yo era miembro de Comisiones Obreras, pero ahí participo como enlace sindical” explica Rubio que se encuentra sólo entre “lambeculos y capataces” de la empresa.

El sindicalista hace nuevos planteamientos al borrador, lo que provoca una discusión con el Director de Asuntos Sociales del Ministerio y el resto de representantes, especialmente con los de la provincia de León que le recriminan no haberlo hecho antes. Cuestión imposible, al no haber sido convocado.

Un debate agrio se produce en relación a los destajos cuando empeoran las condiciones de trabajo. El representante de los técnicos, José Castellanos, cargo de confianza de MSP, junto a otro de Hulleras de Sabero hacen causa común. Ante la falta de acuerdo, sin el apoyo por parte otros delegados obreros, el asunto lo corta el ministro manteniendo el borrador original, beneficioso para la parte empresarial. La estrategia de boicot a las elecciones por parte de los mineros asturianos impidió hacer fuerza con los mineros de León y aprovechar el empuje que habían conseguido con las huelgas de 1962 y 1963.

Ante la situación creada Rubio hace ademán de volverse para Villablino cuando es llamado por Redondo. El Presidente del Sindicato del Combustible lo convence para que se quede en la reunión. Surgirán nuevas discusiones que el ministerio zanjará dando por terminadas las deliberaciones, informan que tanto la representación empresarial como social son meros asesores y que ellos harían el redactado definitivo, recogiendo parte de las propuestas.

En paralelo, en Laciana se vivía un ambiente de expectación y tensión. Tres factores se superponen. La exclusión de Benjamín Rubio ocasionó un malestar evidente entre los trabajadores, que no se disipó hasta que se le permite asistir y, a su vuelta, informa de los resultados. Por otro lado, el retraso en la aprobación de la Ordenanza y las nuevas jornadas de huelgas que se vivían en Asturias pesaban en el ambiente.

Finalmente la huelga no estallará. Únicamente nos encontramos con pequeños paros por impagos en Mina Mora de Piedrafita de Babia y huelgas de empresa en Fabero. En ello influyen las noticias que a comienzos de mayo traen los representantes lacianiegos, Benjamín y Luis Rubio, sobre los avances de la Ordenanza. La empresa se compromete a hacer efectivas las mejoras conseguidas y el 13 de mayo el Jurado de empresa fija por escrito pagas extras completas en navidad y el 18 de julio, de 8 días en San Jose Artesano y 20 dias de vacaciones.

Los militantes obreros se oponen al paro, existe la convicción de que en Asturias la huelga es promovida por las empresas. Entre ellos se encuentra Vicente Duque, antiguo miliciano republicano y enlace sindical, quien afirmaba que solo beneficiaría a la empresa por el retraso en la aprobación de la Ordenanza. Decisión que no gustó a algunos comunistas bercianos que cuestionan esta versión, afirmando que es lanzada por el régimen y que las mejoras no tienen garantías. Pepe se preguntaba retóricamente, que si eso fuese así, “¿porque llevan a los mineros a la cárcel y no a los patronos?” o se suspende la Ordenanza en represalia. El militante pensaba que el objetivo era aislar a Asturias, lo más combativo.

Algunas de las peticiones obreras se centraban en que los premios (por antigüedad o asistencia) y las primas por destajos no sean absorbibles en el aumento del salario mínimo, el vale de carbón a los pensionistas y la protección al personal silicoso.

El 19 mayo de 1964 se aprueba la ordenanza laboral de la hulla y en agosto se hace extensible a Asturias coincidiendo con la de la antracita. En ellas se plasman algunas de las mejoras planteadas en las luchas previas. Recoge aumentos en las remuneraciones, la jomada de 8 horas en el exterior, 7 en el interior y de 5, en labores realizadas completamente mojados. La nueva reglamentación regula el comportamiento en caso de accidente mortal, estableciendo que únicamente puede parar el grupo del fallecido, bajo la amenaza de que la viuda pierda la compensación, que los propios trabajadores y la empresa, pagarían. Querían acabar con la costumbre de protesta que se produce con cada muerte. Sin embargo, en la práctica, los mineros no aceptarán estas medidas, que consideran un chantaje y prosiguen con el ritual mezcla de protesta y respeto.

El nuevo marco legal incluía por primera vez la seguridad y prevención laboral y amplia los períodos de vacaciones. Pese a las circunstancias en las que se debate, supuso una mejora en las condiciones laborales. José Ramón Vega considera que a pesar de no conseguir todo, con la Ordenanza “nos acogimos a muchas cosas que nos favorecían”. Establecía una base legal sobre la que amparar sus reivindicaciones.

Aprovechando su estancia en Madrid, Benjamín Rubio consigue el compromiso por parte del Instituto de Previsión para la construcción de un ambulatorio en Villablino, demanda que ya había realizado la comisión obrera. A su regreso realiza las gestiones con el ayuntamiento para conseguir la documentación y terrenos y se desplaza de nuevo a la capital para su gestión.

El proyecto se vio frustrado en parte cuando Benjamín, en las elecciones de 1966 no sale reelegido enlace. El centro sanitario se construyó, se equipó con aparatos modernos que, sin embargo, no fueron utilizados al dejarlo únicamente como consultorio y no como sanatorio. La actitud de algunos representantes y de la propia MSP, que no le interesaba el proyecto, jugó en contra. En ocasiones la historia no se repite, pero rima. Esta es una de ellas. Las otras, la de que la movilización genera conciencia y derechos.

 

 

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